Santo Domingo.– El comunicador Valentín Pérez cuestionó la disposición gubernamental contenida en el decreto 34-25, mediante la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada asumiría la administración de recursos financieros destinados a la Policía Nacional. A su juicio, la medida impacta negativamente la autoridad interna de la institución y proyecta una señal preocupante hacia la ciudadanía.
Pérez sostuvo que la normativa limita la capacidad operativa del alto mando policial al trasladar decisiones económicas fuera de la estructura institucional. Según expresó, la disposición ralentizaría procesos administrativos y restaría autonomía a quienes dirigen la entidad encargada de la seguridad pública, lo que —afirmó— incrementa la percepción de debilidad institucional.
El comunicador también alegó que la medida contradiría lo establecido en la Ley 590-16 de la Policía Nacional, particularmente en lo relativo a las atribuciones del director general sobre la gestión presupuestaria. En ese sentido, planteó que la administración de los recursos debe mantenerse dentro del marco legal vigente para evitar conflictos normativos.
Finalmente, advirtió que decisiones de este tipo afectan la confianza ciudadana en el proceso de transformación policial. A su entender, la reforma debe fortalecer la institucionalidad y no generar dudas sobre la independencia ni sobre la capacidad de gestión de la entidad encargada del orden público.
